El Ayuntamiento de Puente Genil ha iniciado una campaña destinada al control de vertidos industriales en la Estación Depuradora de Aguas Residuales por parte de las principales empresas contaminadoras de la localidad que no realizan medidas medioambientales correctoras de sus vertidos. Así, el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, acompañado por el concejal de Medio Ambiente, José Espejo, ha mantenido un encuentro con Francisco Cabezas, gerente de Egemasa, empresa pública explotadora de la EDAR, en la que se abordó la situación actual de la instalación.
Pese a que el Ayuntamiento aprobó en 2007 una ordenanza de vigilancia y control de vertidos de aguas residuales, en la que obligaba a las distintas empresas a disponer de la correspondiente autorización de vertido para el caso de aguas residuales no domésticas, lo cierto es que a día de hoy un número importante de ellas no disponen de dicha autorización, entre las que se encuentran las más contaminantes de la localidad.
La EDAR de Puente Genil, de la que se hizo cargo el Ayuntamiento en el año 2001, ha dado unos buenos rendimientos en depuración de aguas residuales, pero a raíz de la incorporación de las aguas industriales del polígono San Pancracio los costes económicos derivados del proceso de depuración de aguas con altas cargas contaminantes se han incrementado notablemente.
Esta situación está provocando que se implementen en la EDAR nuevos sistemas de mayor rendimiento en la depuración, con el consiguiente aumento en el consumo eléctrico y de materias primas, lo que se traduce en mayores costos que tienen que ser asumidos por el Ayuntamiento, y por ende los vecinos con sus impuestos.
En la actualidad, según trasmitió el gerente de Egemasa al alcalde, “el gran esfuerzo que se está llevando en la gestión eficiente junto al elevado coste, no están impidiendo que en momentos puntuales se rocen valores de vertido al río Genil no deseables, por lo que se hace necesario obligar de inmediato a las distintas empresas a cumplir con la ordenanza de vertidos”.
Para poner fin a esta situación el Ayuntamiento y Egemasa van a emprender una campaña con una doble finalidad, por un lado obligar a las empresas que no dispongan de autorización de vertido a regular dicha situación, y por otro, sancionar a aquellas que realicen vertidos con carga contaminante no admisible.
Las sanciones pueden ir desde los 100 euros hasta los 3.000 euros, y para las situaciones más graves puede incluso motivarse el precinto de equipos o cese de la actividad durante un tiempo de hasta seis meses. Estas medidas disciplinarias responden a la falta de sensibilidad mostrada por las principales empresas contaminadores de la localidad, ya que no han atendido voluntariamente a los requerimientos realizados, por lo que desde el Ayuntamiento se espera que la posible apertura de expedientes sancionadores den lugar a que estas tomen las medidas necesarias encaminadas a producir vertidos más inocuos, lo que redundará en un menor coste de depuración para las arcas municipales y una mayor calidad de vertido de las aguas residuales tratadas al río Genil.